Algunas observaciones al “proyecto de ley contra perfiles falsos”

Algunas observaciones al “proyecto de ley contra perfiles falsos”

La indignación generada en las redes sociales por el proyecto de ley “que obliga a los proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio”. El proyecto fue presentado por Edgar Ortiz, diputado por el PLRA . De entre sus argumentos, dijo que “muchos políticos somos calificados como delincuentes y luego no sabemos a quién demandar, justamente por la aparición de los perfiles falsos”, mencionó a la Radio 1 de Marzo 780 AM.

A causa del contenido de la misma, donde básicamente, con esta ley, se les obliga a todas las empresa de aplicaciones de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) a que “suspendan y retiren” comentarios contra partidos políticos, movimientos políticos o políticos.

De una simple lectura al proyecto de ley, la falta de técnica legislativa resalta a la vista. Dicho proyecto contiene tres artículos, de los cuales en el primer artículo se menciona al supuesto de hecho en cuestión. Los enunciados normativos están plagados de confusión de términos como así también de indeterminación normativa, a saber:

Primera cuestión. Si el usuario se encuentra identificado, significa que no se puede borrar el comentario. ¿Qué se entiende por suspender y retirar? Que debe suspender de realizar comentario y decirle que se retire (¿de dónde?).

Segunda cuestión. Para que se configure (el no sé qué, porque tampoco dice que es delito) la aplicación de la norma, el usuario debe escribir en la página de los proveedores. Ejemplo: si quiero ofender o difamar a un partido político, debo escribir a la página oficial de Facebook; o a la cuesta oficial de Twitter; o comentar en la cuenta oficial de Instagram; y así sucesivamente 

Tercera cuestión. Si solamente se mencionan dos supuestos: “ofensa” y “difamación”. La ofensa en este caso podría usarse como sinónimo de “injuria”. ¿Podemos afirmar que al usuario le está permitido “calumniar”, ya que esta no se menciona?

Cuarta cuestión. Si la denuncia debe hacerse es ¿ante la Fiscalía, Policía o utilizar la herramienta de las redes sociales que tiene como bloqueo? (Incompletitud del derecho)

Quinta cuestión. Dice el artículo 1 en la última parte: “hasta tanto el autor sea identificado con su nombre completo, identificación y número de seguridad social”. ¿Qué se entiende por “identificación”? ¿Y si no tiene seguridad social significa que el autor aun no fue identificado? Es decir, para que valga la practicidad de esta norma, los usuarios deben tener IPS. ¿O me equivoco?

Sexta cuestión. El segundo artículo no se entiende el sentido y alcance. No queda claro lo que debe mantenerse en la web (¿aplicación es lo mismo que Web?): si debe mantenerse el comentario “ofensivo o difamatorio”; o debe mantenerse la cuenta del usuario; o los proveedores de aplicaciones deben mentarse en la web.

Séptima cuestión. ¿Es inconstitucional esta ley porque le saca el “imperium” (como lo llamaban los romanos) a los jueces, que son los únicos encargados de realizar justicia? ¿Puede afirmarse que con esta ley se da plena libertad de hacer justicia por sí mismo?

Octava cuestión. Esta ley carece de técnica legislativa; confunde términos. ¿Una persona jurídica, como sería el caso de un partido político, puede sentirse agraviado y en consecuencia querellar por “difamación”? No. Son algunas de las cuestiones que uno podría formularse con la lectura de este proyecto de ley.

Desde luego, las observaciones realizadas son meramente enunciativas. Basta con generar variables en los hechos para seguir ampliando la lista. ¿Y usted qué observación le agregarías?

 

Correo: carcav32@gmail.com | Twitter: @3CAV | Facebook: Carlos Alberto Valdez | Instagram: carlos_alberto_valdez

Share